Mucho se lleva dicho, en vano, acerca de la burocracia estatal, de la proliferación de ñoquis sin conciencia de que viven del esfuerzo y el dinero de ciudadanos a los que maltratan, de la ineficiencia terminal de esa epidemia administrativa. ¿Y la burocracia privada? Varias experiencias últimas me llevaron a conocerla de cerca y desde adentro. Es tan monstruosa, o más, que la otra. Corporaciones que gastan dinero, esfuerzos ajenos, papel y tiempo en crear códigos de ética (¿a eso llaman ética?), en elaborar soporíferos manuales de procedimientos internos y externos, corporaciones que someten a proveedores y clientes a un maltrato sutil o declarado, y que, aunque la declamen, carecen de responsabilidad social, son portadoras de un mortífero virus burocrático. Dejan en manos de individuos estúpidos y limitados la creación y manejo de barreras para la comunicación y el servicio, son irremediablemente ineficaces para la resolución de cuestiones que un chico con sentido común sabría sortear. Y el costo de todo eso, de la publicidad y el marketing con que intentan en vano disimularlo, así como el costo de los dispendiosos y obscenos gastos de sus ejecutivos, los paga el mismo bolsillo. El de la persona común. Esa a la cual la burocracia estatal llama usuario o ciudadano, según el caso, y al cual la monstruosa burocracia privada llama consumidor, mercado o target. Ambas son dañinas, perversas, costosas e inmorales. Y una es peor que la otra: la privada, porque es más hipócrita.